jueves, 14 de junio de 2012

LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO: UN PASO ATRÁS Y MUCHOS MÁS ADELANTE.

“Entonces empecé a desencadenarme
como Prometeo,
en las montañas del Cáucaso
 de esta vida (…)”
César Guardia Mayorga, En el Camino.

Por Mario Eloy Sulca Quispe.

Sumilla: I. Introducción II.    La norma procesal laboral y la norma sustantiva laboral III. ¿La prestación de servicios tiene naturaleza civil o laboral? IV. ¿La Nueva Ley Procesal del Trabajo  suprime la figura del trabajador, sus beneficios y el derecho a las utilidades? V. ¿A quién conviene y perjudica la dilación de los procesos  judiciales laborales? VI. No obstante muchos procesos laborales no serían resueltos por juzgados laborales sino por juzgados de paz letrados. El problema de la competencia por cuantía. VII. Los Plenos Jurisdiccionales laborales en la NLPT: Unas de cal, otras de arena. 1. Medidas cautelares. 2. Indemnización por daños y perjuicios. 3. Abandono. 4. Los sindicatos en la Nueva Ley Procesal del Trabajo: El caso de la representación sindical. VIII. Conclusiones.

I.     Introducción

El 16 de julio del 2010 entró en vigencia la Ley N° 29497, denominada “Nueva Ley Procesal del Trabajo” (NLPT). A casi un año de progresiva  aplicación viene aun generando abundante expectativa y polémica entre trabajadores, empleadores y juristas. Motivo por el cual nos es imprescindible verter al debate nuestra posición jurídica y política respecto a tan trascendente tema.

Un sector importante de trabajadores, a través de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), vienen insistentemente  denunciado que la NLPT ha dado “un paso adelante, pero muchos otros atrás”. El meollo de su crítica radica en que, desde su análisis, la NLPT desaparece de su contenido al sujeto trabajador y con ello el goce de sus derechos fundamentales. El objeto del presente artículo consiste en demostrar, sin hacer una apología a la NLPT,  el craso error de tales planteamientos el cual se deriva  de una colosal incomprensión de los conceptos y las instituciones básicas del Derecho, demostrar que la NLPT, al contrario, no ha dado sino “un paso atrás, pero muchos otros adelante”.

Dedico este artículo a los trabajadores en general, así y a los trabajadores mineros de Toquepala y Cuajone en particular. Los otros importantes temas no tocados en este artículo vinculados a la NLPT, como el principio de oralidad y el interés difuso entre otros, habrán ser objeto de análisis y comentarios en próximas investigaciones.

II.     La norma procesal laboral y la norma sustantiva laboral

Como toda norma procesal, la NLPT establece los presupuestos y las condiciones sine qua non se constituiría ni desarrollaría como válida una relación jurídica procesal laboral que, en esencia, no es sino la relación, en sede judicial, entre el empleador y el trabajador. Establece, además, los derechos, garantías y procedimientos que las partes de un conflicto laboral tendrán que asir y recorrer para resolver su controversia. [1]

Por técnica jurídica, ninguna ley procesal, precisamente por su naturaleza procesal, puede incidir en constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas sustantivas. La razón: las normas procesales cumplen una función instrumental en la resolución de conflictos surgidos  a nivel de normas sustantivas, por ello es que un sector de juristas suele denominarlas normas adjetivas. Parafraseando tal fundamento afirmamos que en materia laboral, por ser contra natura, ninguna ley procesal laboral puede regular derechos y obligaciones laborales, pues, mientras estos tienen naturaleza sustantiva aquélla tiene naturaleza procesal. Las normas procesales laborales deben servir, como instrumento, a solucionar conflictos surgidos en la imperfección funcional de los derechos y  obligaciones laborales, fijan a decir de Marianella Ledesma Narváez el inicio, desarrollo  y fin del viaje (procesal) en el que entramará la controversia (sustancial) laboral.[2]

III.     ¿La prestación de servicios tiene naturaleza civil o laboral?

La FNTMMSP y sus intelectuales del Derecho  vienen erróneamente planteando que la NLPT sustituye la institución jurídica “relación laboral” por la institución jurídica “prestación personal de servicios” y, por tanto, tácitamente, también sustituye la institución jurídica “contrato de trabajo” por la institución jurídica “contrato de prestación de servicios”. A la luz de la técnica jurídica aclaremos estos erróneos cuestionamientos.

En la teoría del “negocio jurídico” se distinguen las instituciones contrato, relación, obligación y prestación. La “relación jurídica” es el vínculo que une a las partes contractuales. Todo contrato, sea de naturaleza civil o laboral,  establece una relación jurídica la cual contiene obligaciones y éstas, prestaciones. No son instituciones excluyentes.

El contrato es el  acuerdo  de dos o más partes destinado a crear, regular, modificar o extinguir obligaciones[3], estos son el objeto del contrato[4]. Las obligaciones son deberes de conducta estrictamente patrimoniales que las partes del contrato, necesariamente, habrán de ejecutar a través de prestaciones. Existen obligaciones de dar, hacer y no hacer. Las prestaciones son actos (dimensión fáctica o fenomenológica) a través del cual se materializan las normas u obligaciones (dimensión normativa o deontológica). Por ejemplo, un contrato de arrendamiento es el acuerdo que establece una relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario (las partes) orientada a crear obligaciones (la obligación del arrendador consistente en dar el inmueble y la del arrendatario consistente en dar o pagar la renta), en cumplimiento de estas obligaciones tales partes realizan prestaciones (los concretos actos de entrega de llaves y permisión de uso del  inmueble así como  del pago de la renta, respectivamente). [5]

Especificando el argumento en el ámbito laboral decimos que el contrato de trabajo es el acuerdo que establece una relación jurídica entre el empleador y el trabajador (las partes) orientada a crear obligaciones: una obligación de hacer por parte del trabajador y una obligación de dar por parte del empleador.[6] En virtud de tales obligaciones tanto el trabajador como el empleador ejecutan prestaciones, el primero desempeña cotidianamente labores, el segundo, paga la periódica remuneración y demás beneficios.

Y ello es así porque el contrato de trabajo es per se, sin ser ociosa la redundancia, un contrato. Por ello, dejando a salvo sus particularidades, comparte con el contrato civil los elementos básicos de todo contrato: a) agente capaz (¿Acaso un incapaz absoluto puede celebrar un contrato de trabajo?), b) objeto física y jurídicamente posible (el objeto de un contrato de trabajo son las obligaciones descritas supra), c) fin lícito (el fin del empleador es obtener fuerza productiva que genere utilidades, el fin del trabajador es la obtención de remuneraciones y beneficios que le permitan satisfacer necesidades, ambos fines son lícitos), d) formalidad prescrita (los contratos de trabajo a tiempo indeterminado  pueden tener forma verbal o escrita, pero, los contratos de trabajo a tiempo determinado o a tiempo parcial, necesariamente, deben tener formalidad escrita).[7]

Habiendo desarrollado los elementos comunes del contrato de trabajo y el contrato civil procedamos a diferenciarlos señalando las características particulares del primero. El artículo 4° de Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL)  precisa los tres elementos esenciales del contrato de trabajo: a) la prestación de servicios en forma personal, b) la remuneración y c) la subordinación. La prestación personal de servicios significa que el trabajador realiza su labor como persona natural y de forma directa, sin intermediarios o representantes. La remuneración es la contraprestación que el empleador ejecuta en pago a quien prestó sus servicios de forma personal. La subordinación es el principal elemento distintivo del contrato de trabajo, expresa la fáctica  correlación de fuerzas entre el empleador y el trabajador favorable al primero.

Resumiendo. El contrato de trabajo, como el contrato civil y cualquier contrato, establece una relación jurídica la cual contiene obligaciones y prestaciones. La relación jurídica es el continente, la obligación y las prestaciones, son el contenido. Estando el contrato de trabajo estructurado, además, por los básicos elementos contractuales: agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y formalidad prescrita. Es imperiosa una estricta rigurosidad en los conceptos. En el proceso de análisis no se debe confundir instituciones jurídicas, ello determinaría defectos en la síntesis y, como lógica derivación, el carácter erróneo  de determinadas  políticas de acción.

Se afirma erróneamente que la NLPT sustituye la institución jurídica “relación laboral” por la institución “prestación personal de servicios”. Nada más alejado de una correcta teoría. La relación laboral no puede ser sustituida por la prestación de servicios, pues, y en rigor a la técnica jurídica expuesta,  el contenido no puede sustituir al continente. Especifiquemos, la relación laboral es el vínculo entre el trabajador y el empleador, como parte del vínculo el trabajador tiene una obligación de hacer que materializa ejecutando una prestación de servicios que aunque personal, remunerada y subordinada, es una prestación de servicios al fin. Las instituciones “relación laboral” y “prestación de servicios” no son sustituibles o excluyentes entre sí, al contrario, son necesarios componentes que estructuran, en interdependencia, de continente a contenido, un contrato de trabajo.

Luego, y como derivación del anterior criterio erróneo, se añade otro exabrupto teórico aún más colosal: La NLPT sustituiría, tácitamente, la institución jurídica “contrato de trabajo” por la institución jurídica “contrato de prestación de servicios”, tal indefendible postura prescinde de la relación lógica existente entre ambas: el género y la especie. El “contrato de trabajo” y el “contrato de locación de servicios” son especies del “contrato de prestación de servicios”. El primero integra el Derecho Laboral, el segundo, el Derecho Civil. No obstante compartir el mismo género, la subordinación, se repite, es el principal elemento distintivo del contrato de trabajo, pues, y a diferencia, en el contrato de locación de servicios las partes entablan una relación de naturaleza independiente u horizontal. Piénsese, por ejemplo, en la independiente relación entre un peluquero y su cliente.[8]

¿Dónde radica el inconmensurable error? En sustentar forzosamente una falsa sinonimia existente  entre el contrato de prestación  de servicios y el contrato de locación de servicios,  una absurda exacta identidad entre el género y su especie.

Para mayor abundamiento. Analizando la NLPT tenemos que el artículo II de su Título Preliminar  glosa: “Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originen con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil…”. Este articulado excluye taxativamente la prestación de servicios civil o el contrato de locación de servicios.

De todo lo anterior desprendemos enfáticamente que no existe fundamento lógico, teórico, ni legal para deducir, ligeramente, que la NLPT sustituye la relación laboral por la prestación de servicios (el continente por el contenido) y el contrato de trabajo por el contrato de prestación de servicios (la especie por el género). Tales afirmaciones son tan desvariadas como afirmar que el agua sustituirá al vaso, para la primera errónea deducción, y que el peruano sustituirá al ser humano, para la segunda.

IV.     ¿La Nueva Ley Procesal del Trabajo  suprime la figura del trabajador, sus beneficios y el derecho a sus utilidades?

Se acusa a la NLPT, además, sustituir a la persona del trabajador por la persona del prestador de servicios. Es que acaso el trabajador no es un prestador de servicios. Por definición el contrato de trabajo contiene la prestación de servicios personal, subordinada y remunerada. Es decir, el trabajador presta un servicio y por tal, por obvias razones,  es un prestador de servicios. El prestador de servicios es el sujeto género,  el trabajador  y el locador, los sujetos especies.

Por ello también decimos que la NLPT no suprime la figura del trabajador por conservar su equivalente: el prestador de servicios personales de naturaleza laboral. Por ello, subsistiendo en esencia aún el trabajador coexisten con él, incólumes, sus derechos y beneficios.

El derecho a las utilidades, como los demás derechos laborales, es un derecho humano de segunda generación que nuestro ordenamiento jurídico la ha constitucionalizado[9]. Es un derecho laboral constitucional en virtud del cual el trabajador accede al goce de una proporción de las utilidades netas  que perciba el empleador como consecuencia de su gestión empresarial. Están obligados a repartir utilidades los empleadores que, sujetos al régimen laboral de la actividad privada,  cuenten con más de veinte trabajadores. Si la prestación de servicios personales de naturaleza laboral que señala la NLPT no es sino, como rigurosamente venimos fundamentando,  la prestación subordinada y remunerada que realiza el trabajador no es  coherente deducir que la NLPT niega la existencia del sujeto trabajador y con ello, en general, sus derechos y beneficios y, en específico, su derecho a las utilidades.

V.     ¿A quién conviene y perjudica la dilación de los procesos  judiciales laborales?

Un proceso judicial laboral principalmente escrito dilata su tiempo de duración. En la actualidad la epopeya judicial laboral, en sus distintas instancias incluyendo la casación,  en el mejor de los casos, tarda en resolver el conflicto en dos o tres años aproximadamente.

Usualmente, la empresa tiene a disposición  personal profesional y recursos económicos que sustenten el costo y la dilación procesal, pero, ¿El trabajador?, por eso la pregunta: ¿Quién se beneficia y perjudica de la dilación procesal laboral? ¿El trabajador o el empleador? El empleador se beneficia y el trabajador se perjudica. En consecuencia defender la íntegra derogación de la NLPT es una posición jurídica y política pro empresarial, y con esto no nos referimos a aquéllas que pugnan por hacer empresa con responsabilidad social. La NLPT no es perfecta, de hecho tiene partes muy cuestionables, mucho menos, y como lo advertimos en el introito, es nuestro fin hacer apología de ella, pero, pugnar por  su derogación para implícitamente afirmar la vigente Ley Procesal del Trabajo (LPT), Ley N° 26636, es impulsar que los trabajadores continúen desarrollando procesos laborales dilatados, en su perjuicio. ¿En perjuicio de quién?



VI.    Los Plenos Jurisdiccionales laborales en la NLPT: Unas de cal, otras de arena.

Los Plenos Jurisdiccionales son cónclaves de los magistrados supremos en los que se asumen acuerdos sobre la forma del cómo serán resueltos determinados temas conflictos en la jurisprudencia. Se han celebrado varios Plenos en materia laboral, su relevancia radica en que, tan igual que la ley, son de aplicación vinculante. La NLPT hoy los denomina Precedente Vinculante[11]. Después de todo, la jurisprudencia también es una fuente del Derecho[12]. Mencionemos algunas materias que, contenidas en Plenos, han sido introducidos o, en su caso, modificados por la NLPT: la indemnización por daños y perjuicios, el abandono, las medidas cautelares y la representación sindical.

1.   Medidas cautelares.- Las medidas cautelares tienen el objeto de asegurar el cumplimiento de la definitiva decisión judicial. El segundo párrafo del artículo 96° de la LPT dice a la letra: “Son procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que contempla esta ley”. Sin embargo, tal ley, en sus artículos 100° y 101°, sólo reconoce taxativamente tres medidas cautelares: los embargo bajo las  modalidades de inscripción  y administración cuyas ejecuciones requieren previa emisión de una sentencia  favorable; y, las asignaciones provisionales al trabajador con cargo a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)[13]. Una interpretación literal y restrictiva de la LPT llevó a muchos jueces, trabajadores y  abogados deducir que aquéllas eran las únicas medidas cautelares existentes en un proceso laboral. No obstante, el Pleno Jurisdiccional Laboral 2008, doce años después de haber entrado en vigencia la LPT, corrigió tal erróneo criterio estableciendo que además de las medidas cautelares previstas en los artículos 100° y 101° de la LPT, también son procedentes todas las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. Este último Pleno Jurisdiccional Laboral ha ampliado la aplicación de las medidas cautelares, aunque, aún, limitado a la obtención en primera instancia de una sentencia favorable. Empero, en otros procesos judiciales, como por ejemplo los civiles, se promueven y ejecutan antes y durante cualquier estado del proceso.

La NLPT, en materia de medida cautelar,  es muy positiva, pues, su artículo 54°no solo corrige el carácter abusivamente restrictivo de las medidas cautelares permitiendo la aplicación de todas las  modalidades establecidas en el Código Procesal Civil, otro dispositivo legal, e incluso una no prevista en las normas procesales,  sino que, incluso, permite solicitarlas antes de iniciado el proceso judicial[14].  Un salto adelante.

2.   Indemnización por daños y perjuicios.- El daño es susceptible de reparación pecuniaria, indemnizable. Pudiendo ser ocasionado por el trabajador en perjuicio del empleador o a la inversa El proceso laboral canaliza su reclamo. Pero el artículo 4°, numeral 2, literal ‘j’, de la LPT establece, limitadamente, que los Juzgados de Trabajo  solo conocen conflictos jurídicos sobre indemnización por daños y perjuicios si estos se derivan de la comisión de falta grave, incumplimiento de contrato o normas laborales por parte del trabajador causantes de perjuicios económicos al empleador. Es decir, en todo su articulado la LPT no establece el proceso laboral como la vía en la que el trabajador tendría que solicitar una indemnización por perjuicios ocasionados por el empleador.

No existiendo en el contenido de la LPT una vía que canalice las indemnizaciones solicitadas por el trabajador éste se veía en la necesidad de pretender tal reparación en los procesos judiciales civiles en la cual no existen principios laborales protectores de su condición de trabajador, pues, los procesos civiles parten de la premisa que las partes del conflicto jurídico sostienen una relación equitativa y horizontal.

Luego de la creación de la LPT se realizaría el  Pleno Jurisdiccional Laboral 2000 y el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008 las cuales corrigiendo el limitado criterio de la LPT establecen que es competencia de los jueces de trabajo conocer las demandas interpuestas por el trabajador o empleador cuya pretensión contenga la indemnización por daños y perjuicios originados por el incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo. Pese a ello, y en ese sentido, nunca existió modificación a la LPT. Ahora la NLPT, en su artículo 2, numeral 1, literal ‘b’, integrando estos Pleno Laborales establece que los juzgados especializados de trabajo conocen “la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal  de servicios”[15]. Lo cual constituye una mejora sustancial hacia los trabajadores, pues, no obstante existir los citados plenos, sus ambiguos contenidos eran astutamente utilizados por los empleadores para, en forzada interpretación, afirmar aún que ni los propios plenos permitían que en sede laboral los trabajadores pretendan una indemnización.

Si bien, hipotéticamente, tanto los empleadores y los trabajadores acceden a la lectura y conocimiento de unas leyes laborales mediáticamente poco difundidos, el acceso a los acuerdos de plenos jurisprudenciales, por ser conocimientos de técnica jurídica especializada, les es aún más restrictivo. Se requería una norma procesal que zanje la omisión y ambigüedad denunciada lo cual constituye todo un logro de la NLPT. Un paso adelante.

3.      Abandono.- El abandono es una forma de conclusión anticipada del proceso. Declarado por el juez tiene por causa la inactividad procesal de las partes durante un determinado plazo. La LPT no regula de forma literal la institución del abandono, pero, al reconocer en su Disposición Final Tercera, el carácter supletorio del Código Procesal Civil los empleadores, invocando el artículo 346° de esta norma, tras cuatro meses de inactividad procesal solicitaban la culminación del proceso por abandono, hecho que perjudicaba los intereses del trabajador.

Será el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999 quien corregirá el anterior desperfecto. Y decimos desperfecto pues, salvando las similitudes que existen entre los procesos laborales y  los procesos civiles, el papel director del juez impulsando el proceso adquiere un mayor protagonismo en el primero. La razón: las desventajas fácticas del trabajador en relación al empleador son tuitivamente compensadas con normas sustantivas y procesales. Para el caso, las desventajas del trabajador para impulsar sus procesos laborales en trámite son compensadas con, principalmente, el impulso de oficio. Esto en modo alguno enerva el impulso de parte el cual es necesario e importante, pero no principal. Visto así los periodos de inactividad procesal tendrían por principal responsable al propio juez motivo por el cual el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999 declara inaplicable a los procesos laborales las disposiciones del Código Procesal Civil referentes a la institución del abandono.

Sin embargo, aquí, la NLPT comete un gran despropósito, pues, mientras su contenido se caracteriza por asimilar los plenos jurisdiccionales laborales que en materia procesal han significado un enriquecimiento de la naturaleza tuitiva del derecho laboral,  su artículo 30° señala que el proceso laboral puede concluir por abandono el cual se produce transcurridos cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse. Un paso hacia atrás.

4.      Los sindicatos en la Nueva Ley Procesal del Trabajo: El caso de la representación sindical.

La libertad sindical es el derecho que tienen los trabajadores de poder asociarse y actuar  en sindicatos sin previa autorización del empleador, el Estado o de un tercero; el fin es promover, desarrollar y defender derechos e intereses en busca del mejoramiento socio económico y moral de sus afiliados. El sindicato tiene por básica función representar y defender a los trabajadores. Como opina Alfredo Villavicencio “su origen, dinámica y justificación histórica reposan en la necesidad de amortiguar las consecuencias de la contraposición de intereses y de la desigual distribución de poder entre el capital y el trabajo, implícita en el sistema capitalista, a partir de la actuación y representación colectiva de los trabajadores[16]. No obstante, en sede judicial, tal representación tendrá especificaciones según la naturaleza del conflicto jurídico laboral: individual o colectivo.

Así, la LPT en el artículo 9° establece que las organizaciones sindicales tienen legitimación procesal para la defensa de sus derechos colectivos; seguidamente, el tercer párrafo del artículo 10° de la misma norma señala que los trabajadores pueden conferir  al sindicato la representación en sus conflictos jurídicos individuales. Sobre esto, el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1998 precisa la necesidad de un poder especial de representación.

La NLPT mejora pro trabajador la representación sindical en comentario. Su artículo 8.2 indica que los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y afiliados, y, su artículo 8.3, que los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial de representación[17]. Es decir, sea el conflicto jurídico laboral de naturaleza colectiva o individual, sin que medie poder especial de representación, los sindicatos pueden salir en defensa de su convenio, de sus dirigentes y de sus afiliados. En concreto, una íntegra representación sindical. Esto es muy  positivo y constituye otro gran paso hacia adelante.


VIII.     Conclusiones.

1.      La NLPT establece una justicia laboral omnicomprensiva: los conflictos laborales de derecho privado, así como de derecho público serán resueltos a la luz de sus reglas.

2.      El cambio de paradigma en el diseño del nuevo modelo procesal es de gran trascendencia. El principio de oralización (su principio médula), viene repercutiendo a sobremanera y positivamente en los demás principios: inmediación, concentración, celeridad y economía procesal.

3.      Una correcta crítica a la NLPT requiere de un previo y riguroso análisis objetivo a la luz de la técnica jurídica. Ello bajo riesgo de mellar los avances resaltando los retrocesos. En este embrollo se han entramado quienes en denodado y estéril esfuerzo pretendieron avizorar en el término “prestador personal de servicios” usado por la NLPT, la destrucción del trabajador como sujeto, así como de sus derechos inherentes, y hasta del propio Derecho Laboral. Terrorífico supuesto que solo habita en el ámbito de la más metafísica especulación y la insensatez académica.

4.      Pues sí, aunque un paso atrás, otros muchos adelante. En balance la NLPT viene repercutiendo de forma positiva  en el ámbito de la justicia laboral. Los avances en materia de medidas cautelares, indemnización por daños y perjuicios, celeridad, representación sindical son de importante trascendencia.




[1] Estudiar aquí a  Aníbal Torres Vásquez  y su opus “Introducción al Derecho, Teoría General del Derecho”, en Editorial IDEMSA, 4ta. Edición, pág. 223, marzo 2001, Perú.
[2] Marianella Ledesma Narváez, “Comentarios al CCdigo Procesal Civil”. Editorial Gaceta Jurídica, 1era. Edición, Tomo I, pág. 14, Lima, 2008.
[3] Diserta, entre otros, ampliamente este concepto regulado en el artículo 1351° del Código Civil el jurista peruano Manuel De La Puente y Lavalle, en “Código Civil Comentado”, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo VII, Primera Edición, 2004.
[4] Ver análisis de Fernando Vidal Ramírez, en Ob. Cit. ( “Código Civil Comentado”), pág. 303.
[5] Aníbal Torres en Ob. Cit. señala que el objeto de la relación jurídica son las prestaciones, y el objeto de éstas, son los bienes, derechos, servicios y abstenciones.
[6] Jorge Toyama Miyagusuku y Luis Vinatea Recoba definen el contrato de trabajo como: ”Un acuerdo de voluntades entre dos partes, una llamada empleador y la otra trabajador, por la cual una de ellas se compromete a prestar servicios en forma personal y remunerada (el trabajador) y la otra (empleador), que se obliga al pago de la remuneración correspondiente y que, en virtud de un vínculo de subordinación (dependencia), goza de las facultades de dirigir, fiscalizar y sancionar los servicios prestados.” Opinión en  Guía Laboral, guía legal de problemas y soluciones laborales”, Editorial Gaceta Jurídica, 3era. Edición, pág. 15, Lima, 2007.
[7] Es de la misma opinión Roberto Rendón Vásquez, en “Apuntes sobre Derecho del Trabajo Individual”, Editorial EDILABOR, pág. 15, Lima, 2001.
[8] En la doctrina es unánime esta apreciación. Ver por ejemplo lo desarrollado por Álvaro García Manrique, en “¿Cómo se están aplicando los principios laborales en el Perú?”, Editorial Gaceta Jurídica, 1era. Edición, pág. 20, Lima, 2010.
[9] Propiamente es un derecho humano de naturaleza económica. Al respecto ver “Manual de Derechos Humanos” de Richard Quispe Salazar, en editorial Ediciones Jurídicas, pág. 167, 2009, Lima.
[10] En la actualidad la Unidad de Referencia Procesal (URP) equivale al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para el año 2012 se ha establecido que la UIT asciende al monto de S/. 3 650.00 nuevos soles, en consecuencia,  la URP, al monto de S/. 365.00 nuevos soles.
[11] Paul Paredes, “Principales innovaciones contenidas en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”; artículo publicado en la revista Soluciones Laborales, Año 3, Número 25, pág. 72, Editorial Gaceta Jurídica,  enero del 2010. Así también Elmer Huamán Estrada, “El precedente constitucional vinculante y el precedente judicial en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”; artículo publicado en la revista Soluciones Laborales, Año 3, Número 26, pág. 63, Editorial Gaceta Jurídica,  febrero del 2010.
[12] Consultar en este punto la opinión de Marcial Rubio Correa, “El sistema Jurídico, Introducción al Derecho”.  Fondo Editorial de la PUCP, 10ma. Edición, pág. 162, Lima, 2009.
[13] José Antonio Valle Benítez, “El proceso cautelar en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”; artículo publicado en la revista Soluciones Laborales, Año 3, Número 34, pág. 58, Editorial Gaceta Jurídica,  octubre del 2010.
[14] Jorge Toyama Miyagusuku y Luis Vinatea Recoba, “Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo”.  Editorial Gaceta Jurídica, 1era. Edición, pág. 239, Lima, Perú.
[15] Estudiar a Fernando Elías Mantero, “Comentario Inicial de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”; artículo publicado en la revista Soluciones Laborales, Año 3, Número 29, pág. 65, Editorial Gaceta Jurídica,  mayo del 2010.
[16] Alfredo Villavicencio Ríos,  La libertad sindical en el Perú: fundamentos, alcances y regulación”. Editorial PLADES, 1era. Edición, pág. 21, Lima, 2010.
[17] Luis Álvaro Gonzáles Ramírez, “Nuevas reglas de comparecencia en el proceso laboral”; artículo publicado en la revista Soluciones Laborales, Año 3, Número 32, pág. 71, Editorial Gaceta Jurídica,  agosto del 2010.

martes, 22 de febrero de 2011

BALOTARIO DE PREGUNTAS PARA EL EXAMEN PARCIAL DE DERECHO TRIBUTARIO I Y II

Catedrático: Licenciado Mario Eloy Sulca Quispe.
Universidad Privada José Carlos Mariátegui.
Examen parcial: 26 de febrero del 2011.

Balotario de preguntas de Derecho Tributario I
  1. Defina y diferencie los conceptos hipótesis de incidencia, hecho generador y hecho imponible.
  2. Desarrolle los elementos estructurales de la norma jurídica tributaria.
  3. Defina y distinga el impuesto directo del impuesto indirecto.
  4. Defina, diferencie y ejemplifique los denominados tributos vinculados de los tributos no vinculados.
  5. ¿Qué entendemos por potestad tributaria originaria y potestad tributaria derivada?
  6. Distinga el “principio de reserva de ley” del “principio de legalidad”.
  7. Desarrolle el “principio de no confiscatoriedad” y el “principio de respeto de derechos fundamentales”.
  8. Precise la naturaleza así como las formas tributarias existentes en las tasas y las contribuciones.
  9. Distinga el tributo del impuesto.
  10. ¿Qué es la administración tributaria?

Balotario de preguntas de Derecho Tributario II
  1. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la hipótesis de incidencia de una norma tributaria?
  2. Defina y diferencie los conceptos hipótesis de incidencia, hecho generador y hecho imponible.
  3. Diferencie los elementos “base imponible” y “alícuota” (elementos propios de la consecuencia jurídica de la norma tributaria).
  4. Desarrolle los elementos de la obligación tributaria.
  5. Diferencie: impuesto, tasa y contribución.
  6. Defina y distinga el impuesto directo del impuesto indirecto.
  7. Distinga los impuestos indirectos monofásicos de los impuestos indirectos plurifásicos.
  8. En relación a los impuestos indirectos plurifásicos no acumulativos desarrolle un ejemplo del método de sustracción “impuesto en impuesto”.
  9. En relación a los impuestos indirectos plurifásicos no acumulativos desarrolle con un ejemplo el método de sustracción “base en base”.
  10. En el Impuesto General a las Ventas (IGV) ¿Qué es el crédito fiscal?

domingo, 16 de mayo de 2010

TRABAJO PRECARIO, DESEMPLEO Y REESTRUCTURACION DEL MOVIMIENTO SINDICAL A UNA DECADA DEL SIGLO XXI

“No soy un crítico imparcial y objetivo. Mis juicios se nutren de mis ideales, de mis sentimientos, de mis pasiones. Tengo una declarada y enérgica ambición: la de concurrir a la creación del socialismo peruano”
José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.

Por Mario Eloy Sulca Quispe
Abogado por la UNMSM
Secretario Académico del Instituto Justicia y Libertad “Luis Jiménez de Asúa”.
Secretario de Defensa de la Confederación Nacional de Trabajadores.

Sumilla: I.- Introducción. II.- Los trabajadores y la ilegitimidad de la Constitución de 1993. III.- Población económicamente activa (PEA), trabajo precario y desempleo. IV.- El deterioro de unos salarios y sueldos internacionalmente recesados ¿hasta cuándo? V.- Frente al trabajo precario el pueblo se organiza y moviliza. VI.- Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN.
En esta coyuntura socio política nacional y habiéndose cumplido la primera década del siglo XXI nos es imprescindible exponer un breve panorama del desarrollo fáctico de la situación laboral peruana y mundial. Desde ya expresamos el firme compromiso, como dijera José Carlos Mariátegui, de peruanizar el Perú, es decir, coadyuvar a la tarea de democratizarla impulsando, para ello, la reconquista, extensión y defensa de los derechos laborales como parte importante de los derechos fundamentales.
Recurrentemente sostenemos que un quiebre pro trabajador de la legislación laboral trasunta, necesariamente, por una intensa expansión de los derechos fundamentales de opinión, organización y movilización del pueblo peruano. El corolario político de tales luchas deberá ser, insoslayablemente, la concreción de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.

II. LOS TRABAJADORES Y LA ILEGITIMIDAD DE LA CONSTITUCION DE 1993.
La Constitución de 1993 es ilegítima[1] por origen y contenido. La ilegitimidad de origen tiene dos fundamentos: a) ser producto y necesidad del golpe de estado del 5 de abril de 1992 y, b) haberse ratificado en un fraudulento referéndum. La ilegitimidad de contenido radica en su carácter neoliberal.
El neoliberalismo, ideología y política de la globalización imperial en crisis, en el Perú toma cuerpo jurídico con la Constitución vigente. En rigor a ella se implementan las siguientes políticas antipopulares: a) desregulación de los mercados, principalmente el laboral, b) reducción del aparato estatal, c) equiparidad entre la inversión nacional y la extranjera, d) desprotección del mercado local, e) privatización de los servicios básicos, f) eliminación de subsidios a la micro y pequeña producción nacional, entre las principales. Políticas que, en desmedro de los trabajadores, han generado los perniciosos efectos de constreñir aún más la industrialización de la producción local e incrementar las brechas de diferenciación social.
Debemos comprender que el desproteger la producción nacional afecta directamente el principal derecho laboral: el derecho al trabajo. De ahí que exista un interés directo del trabajador en defender y desarrollar aquélla para conservar y extender ésta. Es sobre aquél donde la política neoliberal de flexibilizar o desregular la relación laboral se ha traducido en menores derechos y salarios empeorando su calidad de vida. Efectos tangibles a la luz de los posteriores datos. Razones suficientes para demandar una nueva Constitución.

III. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA), TRABAJO PRECARIO Y DESEMPLEO.
La PEA agrupa a la fuerza laboral ocupada y desocupada, integran esta oferta laboral aproximadamente 15.5 millones de peruanos. El 39% de la PEA es asalariada, es decir, con vínculo laboral de subordinación (empleados y obreros); los trabajadores que no entablan este tipo de vínculo, los no asalariados, constituyen el otro 61% (ambulantes, microempresarios, trabajadores independientes, trabajadores familiares). Sólo el 19% de los asalariados goza de un trabajo decente entendido como una relación de trabajo con contrato, salario superior al mínimo legal, el máximo de 48 horas de trabajo semanal, seguro de salud y pensiones; la cifra es más dramática en los no asalariados donde solo el 0.2% goza de un trabajo decente[2]. Es el rostro del trabajo precario en nuestro país.
Al problema del trabajo precario se añade la fatalidad capitalista del desempleo. No hay capitalismo sin desempleo, sin sobreoferta laboral. Marx lo denominó el ejército industrial de reserva: una inutilizada fuerza laboral dispuesta a generar riqueza social. Su existencia responde a la incapacidad capitalista de absorber la creciente fuerza laboral, impotencia explicada en dos básicas razones: a) la tendencia empresarial de sustituir asalariados (capital variable) por tecnología física (capital constante), b) la perversa lógica de las leyes mercado: una sobreoferta laboral determina la reducción de los costos laborales (salarios y beneficios) incrementando las utilidades del capital. Mientras haya capitalismo no solo habrá explotación en su aún contemporánea forma de extraer plusvalía, sino, además, y fatalmente, el desempleo. En términos marxistas el desempleo es expresión de la medular contradicción de un sistema social caduco: un modo de producción incapaz de absorber sus crecientes fuerzas productivas laborales.
Hoy en el mundo existen, según la OIT, aproximadamente 239 millones de desempleados. A ello se aúna el persistente ingreso anual de 45 millones de personas al mercado laboral mundial[3]. Una sobre oferta que precariza el mercado laboral hecho que condiciona el que otros 200 millones de ocupados corran el riesgo de engrosar las filas de quienes subsisten con menos de dos dólares al día[4].
La tara sistémica del desempleo descrito supra en sus causas y expresión mundial se ha visto agravada con la actual crisis económica global. En el 2009 EEUU experimentó una recesión de -2.7% del PBI incrementando la tasa de desempleo de 5.8% a 9.3% de su PEA, en la Eurozona la recesión fue de -4.2% y la tasa de desempleo aumentó de 7.6% a 9.9%. En el mismo año en América Latina y el Caribe el desempleo incrementó de 7.7% al 8.5%[5]. Nada más claro: no hay capitalismo sin plusvalía, sin desempleo y sin crisis.
En el Perú, según la OIT, durante el 2009 el desempleo habría disminuido de 8.6% a 8.5 % de la PEA. Pese a la crisis internacional su PBI incrementó en 0.9%[6]. No obstante, en modo alguno podría significar una mejora laboral, pues, si por un lado disminuye nominalmente el desempleo, por otro, debido a un mercado laboral flexible, incrementa el trabajo precario como anotamos líneas arriba y continuaremos demostrando. Pues bien, entremos al análisis del tema remunerativo.

IV. EL PROGRESIVO DETERIORO DE UNOS SALARIOS Y SUELDOS INTERNACIONALMENTE RECESADOS ¿HASTA CUÁNDO?
La remuneración mínima legal peruana asciende a la suma mensual de S/. 550.00 nuevos soles ó $ 183.00 dólares americanos. En comparación con el promedio latinoamericano es una remuneración recesada, las remuneraciones mínimas mensuales en Argentina, Chile, Colombia y Brasil ascienden a los montos de 390, 307, 298 y 286 dólares, respectivamente. Sólo superamos a Bolivia cuyo mínimo es 92 dólares[7].
Al problema de una remuneración internacionalmente recesada se suma su tendencia interna al deterioro de su poder adquisitivo. Por ejemplo, durante el quinquenio 2003-2007, en términos reales[8], los sueldos experimentaron una disminución del -4.83% y los salarios un nimio incremento del 0.1%[9]. Esta global caída remunerativa real acaeció pese a que en ese mismo quinquenio la economía peruana experimentó crecimientos anuales que fluctuaron ascendientemente del 4.0% al 8.9% del PBI[10].
Para mayor abundamiento. Al analizar la distribución de la riqueza nacional en términos del PBI se observa una dramática caída de la participación salarial: en el año 2002 representaba el 25% del PBI, en el 2008, el 20.9%. En este mismo periodo las ganancias empresariales incrementaron su participación del 58.7% al 63% del PBI[11].
De lo anterior, transcurrido esta primera década del siglo XXI, concluimos que en nuestro país mientras la producción y las utilidades empresariales incrementaron, las remuneraciones reales cayeron, se ha mantenido una remuneración internacional recesada disminuyendo, además, la participación salarial en la distribución de la riqueza nacional.

V. FRENTE AL TRABAJO PRECARIO EL PUEBLO SE ORGANIZA Y MOVILIZA.
Se ha demostrado que el aumento de la riqueza nacional por efecto de su mala distribución, en modo alguno ha significado un incremento del nivel de vida promedio del pueblo peruano. Al contrario, las políticas neoliberales aplicadas han terminado por precarizar el empleo.
No obstante ello, en el campo laboral, el pueblo ha respondido con más organización y movilización. Desde el año 2000 y a la actualidad se ha observado un vertiginoso incremento del número de huelgas, de trabajadores comprendidos en ésta así como la inscripción de nuevos sindicatos. Aunque sus expresiones no equiparan aún los niveles alcanzados en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado su actual tendencia creciente es importante factor a efectos de valorar la perspectiva del derecho laboral peruano. Al fin y al cabo, parafraseando a Marx, la lucha de clases fue, e indefectiblemente seguirá su siendo, su mejor partera.
Analicemos el cuadro elaborado[12]. Observamos que, durante el periodo 2000-2008, el número de huelgas, trabajadores comprendidos en ésta, así como el número de nuevos sindicatos inscritos en el Ministerio De Trabajo experimentaron incrementos del 432%, 544% y 70%, respectivamente. Sin lugar a dudas, a la primera década del siglo XXI, el movimiento popular se ha entramado en todo un promisorio nuevo proceso de necesaria reestructuración y movilización.

VI. CONCLUSIONES.
1. Tras dos décadas de haberse implantado un modelo neoliberal es imprescindible pugnar por democratizar la sociedad peruana, “peruanizar el Perú”.
2. La Constitución de 1993 es ilegítima por origen y por contenido. Asumamos la necesidad de establecer una Asamblea Constituyente que elabore una Nueva Constitución.
3. El desempleo es una necesidad existencial del capitalismo. No hay capitalismo sin extracción de plusvalía, explotación y desempleo. El neoliberalismo así como las crisis sistémicas no hacen sino agudizar dichas taras.
4. Durante la primera década del siglo XXI hemos observado un sostenido crecimiento de la producción y las utilidades empresariales. No obstante ello los salarios y sueldos reales han disminuido, manteniéndose recesados se ha deteriorado su participación en la distribución de la riqueza nacional.
5. Frente a la precarización del empleo y a la desocupación el pueblo peruano, en el campo laboral, ha intensificado su organización y movilización a ritmos exponenciales.
6. A la luz de la anterior tendencia avizoramos una promisoria perspectiva del anterior proceso: la reconquista, extensión y ampliación de los derechos laborales como parte de los derechos fundamentales.

[1] Respecto a la ilegitimidad de la Constitución de 1993 y la necesidad de una nueva Constitución el autor ha desarrollado el artículo “Una Asamblea Constituyente refundará nuestra República” en http://marioeloyderecho.blogspot.com/2010_03_01_archive.html.
[2] Datos extraídos del artículo El 1° de mayo y el “trabajo decente” de Humberto Campodónico publicado en el diario La República el 01 de mayo del 2010. Tal artículo coge los datos brindados por la ENAHO 2008.
[3] Artículo “Las medidas adoptadas por los gobiernos del G20 conservarán hasta 11 millones de puestos de trabajo en 2009”, en Revista de la OIT Trabajo, N° 67, pág. 36, Diciembre del 2009.
[4] Artículo “Impacto de la crisis sobre el empleo en el mundo”, en Revista de la OIT Trabajo, N° 66, pág. 7, Agosto del 2009.
[5] OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Revista “Panorama laboral 2009”, pág. 24 y 28, Lima, 2009.
[6] Banco Central de Reserva del Perú. REPORTE DE INFLACIÓN, Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2010-2011; pág. 40, marzo 2010.
[7] Humberto Campodónico, “Salario mínimo: bien al fondo del pozo”. Artículo publicado en el diario La República el 19 de febrero del 2010.
[8] La remuneración real expresa el poder adquisitivo de la expresión monetaria de los sueldos y salarios.
[9] Eloy Avalos Alvarado, “Crecimiento sesgado”. Artículo publicado en el blog ASKOPEUK el 25 de noviembre del 2009. http://azkopeuk.blogspot.com/search/label/Economía
[10] Memoria Anual 2009 del BCRP, pág. 14.
[11] Humberto Campodónico, “Ya no puede más la boca del cocodrilo”. Artículo publicado en el diario La República el 9 de noviembre del 2009.
[12] Los datos ordenado por el autor a efectos del presente artículo han sido extraídos del Anuario Estadístico 2008, Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

miércoles, 14 de abril de 2010

CRISIS ESTATAL Y LA PUGNA POR DEMOCRATIZAR EL PAIS: DERECHO LABORAL TUITIVO Y LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

“Hay hermanos muchísimo que hacer”
César Vallejo.


Por Mario Eloy Sulca
Abogado por la UNMSM
Secretario Académico del Instituto Justicia y Libertad “Luis Jiménez de Asúa”.
Secretario de Defensa de la Confederación Nacional de Trabajadores.

I.- Introducción: Carnelutti, el Derecho y la crisis del Estado. II.- Constitución, nueva República y la democratización del país. III.- Por un Derecho Laboral pro trabajador. IV.- La pendiente Ley General del Trabajo. V.- La Nueva Ley Procesal del Trabajo. VI. La denominada “prestación de servicios de carácter personal” en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. VII. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Un paso en el intento de legitimar el inconstitucional Contrato Administrativo de Servicios (CAS). VIII. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN: CARNELUTTI, EL DERECHO Y LA CRISIS DEL ESTADO.
En las facultades de Derecho nos enseñaron que la resolución de conflictos socialmente relevantes requiere, necesariamente, la intervención de un tercero imparcial y justo: el juez. En sus claustros académicos aprehendimos sin cansancio del inmortal romano Ulpiano que la justicia es “dar a cada quien lo que se merece” y del maestro y jurista italiano Carnelutti que “el fin de los procesos judiciales es obtener la paz con justicia social”. Ellos y otros maestros concluían la máxima que El Estado, a través del juez, debe dar justicia y así garantizar la paz social.
No obstante los principios y la fuerte mística de la anterior teoría jurídica vivimos en un país socialmente convulso: no hay paz ni justicia social, nunca las hubo. Admitámoslo, coexistimos en medio de una guerra civil sin armas donde el Estado, decretando estados de emergencia, consabida solución militar, intenta catalizar la creciente explosión social. Y en medio, como agravante, la corrupción de la “justicia” que no es sino, en micro y macro, la abierta partidarización del Poder Judicial pro poder económico. Manifiesta corrupción que aunada a la excesiva dilación de los procesos judiciales son sintomáticas expresiones de la grave crisis estatal peruana.

II. CONSTITUCION, NUEVA REPUBLICA Y LA DEMOCRATIZACION DEL PAIS.
Pese a ello las conciencias de progreso esgrimimos desde el frente jurídico la firme convicción de cooperar en la construcción de una República realmente popular, una que a lo Carnelutti opere con paz y justicia social. Por ello, el denostar la injusticia en sus variantes de lentitud y corrupción judicial nos es, necesariamente, un imperativo categórico.
La construcción de esa República no puede prescindir de la necesidad de pugnar por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, políticas que en esta coyuntura son parte de suma importancia del tenaz esfuerzo por democratizar el país. Precisar, no se fundamenta trocar el sistema social, ello demandará más tiempo, sino la necesidad de coadyuvar a democratizar el país, cambiar sus básicas reglas de juego que no son sino las reglas constitucionales, siempre, qué duda cabe, con mayoritaria participación popular. Esto colocará al pueblo en mejor posición táctica de ejercer sus derechos fundamentales de libertad de organización, movilización y crítica imprescindibles para tareas más seculares.
Democratizar es extender el goce de los derechos fundamentales del pueblo intensificando su participación política. Cuando referimos el refundar la República lo hacemos en el estricto sentido de democratizarla.

III. POR UN DERECHO LABORAL PRO TRABAJADOR.
El derecho fundamental a la igualdad desarrolla la general obligación, pública y privada, de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Compensando la real desventaja económica y de poder del trabajador en su conflictiva relación con el empresario el Derecho Laboral debe intervenir, por equidad, tratando desigual a los desiguales, con un carácter tuitivo pro trabajador. No está demás aclarar que la conquista social de este carácter no fue gratuita. En el dialéctico proceso de la historia, gradualmente, la violencia de la opresión empresarial, persistentemente embestida por la violencia de la rebelión laboral, fue, cual síntesis jurídica, cediendo derechos económicos estableciéndose una tregua temporal, relativa.
El Derecho Laboral es, y así lo defenderemos, per se pro trabajador. La vigente Constitución de 1993, en su neoliberal dogma de desregular el mercado laboral, eliminando principios y derechos laborales, ha constreñido tal naturaleza. Por ejemplo, proscribió el principio de la “retroactividad benigna de las leyes laborales”: aprobado un derecho o mejor condición de trabajo su vinculante aplicación empresarial era exigible, incluso, con efectos retroactivos.
Otro polémico viro neoliberal es el tema de la prescripción de deudas laborales. La Constitución de 1979 estableció un plazo prescriptorio de quince años, la actual ha omitido pronunciarse remitiendo su regulación a una norma infraconstitucional la cual ha instituido un breve e injusto plazo de cuatro años. En concreto, disuelto el vínculo laboral, antes, el plazo para exigir el pago de las deudas laborales se extinguía a los quince años, hoy, fenece a los cuatro.
La Constitución de 1993 ha mantenido incólume un principio neurálgico, el indubio pro operario (la duda favorece al trabajador): las dudas o ambigüedades en las disposiciones de una norma legal, contrato de trabajo o convenio colectivo deben resolverse estableciendo y aplicando la interpretación más favorable al trabajador. No obstante esto, teniendo el norte de profundizar el carácter tuitivo del Derecho Laboral, debemos pugnar por reinsertar la retroactividad benigna de la ley laboral y extender el plazo prescriptorio de los créditos laborales, entre otros.

IV. LA PENDIENTE LEY GENERAL DEL TRABAJO.
La dispersión es el defecto crónico de la legislación laboral. La labor de sistematizarla y condensarla en una sola ley es imprescindible, pues, si propios profesionales del Derecho expresan crasas deficiencias en la intelección de esa mutable y dispersa legislación, la cabal comprensión del principal interesado, el trabajador, por obvias razones, es aún más etérea.
Desde el 2003 la Comisión del Trabajo del Congreso viene intermitentemente discutiendo y organizando foros en torno al Ante Proyecto de la Ley General del Trabajo. En el plano internacional países fronterizos como Ecuador, Colombia, Brasil y Chile tienen un Código del Trabajo. Bolivia progresará de la Ley General del Trabajo al Código del Trabajo. En nuestro país el lobby empresarial y la mala praxis sindical, a su sétimo año de debate, boicotean su aprobación.

V. LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO.
Explicamos arriba que la dilación de los procesos judiciales es una de las expresiones de la crisis estatal, pues, significa ineficiencia en una de sus básicas funciones con el correspondiente deterioro de una ya mermada legitimidad. En los juicios laborales tal dilación perjudica, en sobremanera, al trabajador beneficiando, se repite, al capital.
Los procesos laborales, agotando todas las instancias judiciales, actualmente duran un promedio de tres a cuatro años. Una de las causas objetivas fundamentales es la excesiva carga procesal de los jueces laborales, su solución es un tema de política presupuestal; otra, no menos grave, es el carácter marcadamente escrito o documental en la dinámica del proceso laboral.
Los procesos judiciales escritos, en términos de eficiencia temporal, determinan innecesarias dilaciones, es un problema de política jurídica, de modelo procesal: juicios, principalmente escritos o prioritariamente orales. La tendencia nacional e internacional son los procesos orales lo cual constituye un importante progreso. Ejemplifiquemos el dilema: si un trabajador demandante quisiese exponer el fundamento “A” la formulará, necesariamente, a través de un escrito, está será evaluada por el juez generando una resolución la misma que será notificada a la empresa y al trabajador, esta operación común se concretará, en el mejor de los casos, en un periodo de dos meses. Si el proceso fuese principalmente oral bastará, sin exagerar, treinta minutos.
En materia penal y con exitosos resultados los procesos orales se están implementando gradualmente en el país. Toca el turno al proceso laboral. El 15 de enero del 2010 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 29497, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la cual entrará en vigencia a partir del 15 de julio e implementará un proceso laboral marcadamente oral y, entre otras innovaciones, las notificaciones por correo electrónico. Ello acelerará los procesos, los cuales, se proyecta, culminarán en seis a 12 meses, positivo, muy positivo.

VI. LA DENOMINADA “PRESTACION DE SERVICIOS DE CARÁCTER PERSONAL” EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO.
No obstante supra, un sector de “laboralistas” viene haciendo una sesgada y bochornosa interpretación de tópicos sustanciales existentes en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por ejemplo: las “prestaciones de servicios de carácter personal”. Opinan que esta locución mutaría la natural relación laboral hacia una relación de orden civil con el mediato objeto de extinguir sus derechos componentes. Nada más lejano de la realidad. El artículo II del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo glosa: “corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista, o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil (…)”.La propia norma taxativamente sanciona: “están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil” , empero, los aficionados del Derecho Laboral omiten en su interpretación esta clara advertencia. A los operadores del Derecho nos está prohibido, por vergüenza profesional, leer la ley en comento, o cualquier norma, con la luz apagada.
Esclarezcamos: Toda relación laboral contiene una “prestación de servicios de carácter personal” mas ésta no es exclusiva de aquélla. Existen “prestación de servicios de carácter personal” contenidas en ámbitos jurídicos distintos al laboral. Por ejemplo, los ámbitos formativo, cooperativista o civil. Reducir la “prestación de servicios de carácter personal” al ámbito civil denota una frustrante inexactitud de índole teórica de necesaria corrección. La Nueva Ley Procesal del Trabajo no es perfecta, empero, la crítica debe plantearse con mejor sustento, desde otro enfoque y hacia otro blanco.
VII. NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO: UN PASO EN EL INTENTO DE LEGITIMAR EL INCONSTITUCIONAL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS).
Merece urgente preocupación la introducción en la Nueva Ley Procesal del Trabajo del cuestionable instituto “prestación de servicios de naturaleza administrativa”. Descomunal problemática del sector público en sus reglas de Derecho Laboral. Existen cientos de miles de personas que deben estar nombradas como servidores públicos estables, pues, cumplen los tres requisitos fundamentales de un contrato de trabajo: prestación directa de servicios, remuneración y subordinación. Sin embargo, el Gobierno, contra natura, y a través del Decreto Legislativo Nº 1057, engendró el Contrato Administrativo de Servicios (llamado CAS) y su médula, la “prestación no autónoma de servicios” llamada también “prestación de servicios de naturaleza administrativa”. Dice “no autónoma “por no mencionar literal y explícitamente el término “subordinación” que determinaría su naturaleza laboral y con ello el necesario nombramiento y estabilidad de los trabajadores públicos.
El Decreto Legislativo Nº 1057 es inconstitucional, es más, a la fecha existen procesos de inconstitucionalidad pendientes de sentencia ante el Tribunal Constitucional. No obstante, lo que hace la Nueva Ley Procesal Laboral es dar un cauce procesal a los conflictos derivados de los contratos CAS y con ello sirve a su ya cuestionada legitimidad. Pensamos que en este punto, y otros de menor trascendencia, le otorgan un carácter cuestionable. Pese a este importante defecto a modificar, en términos generales, la Nueva Ley Procesal Laboral es principalmente positiva.

VIII. CONCLUSIONES
1. La crisis estatal en el plano judicial tienen dos básicas expresiones: la dilación y la corrupción. Ambas perjudican al trabajador en beneficio del capital, no hay justicia ni paz social.
2. El país requiere entramarse en un proceso de democratización, un estructural cambio jurídico: Asamblea Constituyente y nueva Constitución que extienda los derechos fundamentales, entre ellas principios y derechos laborales que acentúen, por justicia social, su carácter tuitivo.
3. Urge, además, un Código del Trabajo (o por lo menos una Ley General del Trabajo) que resuelva la perniciosa dispersión de la legislación laboral.
4. La “prestación de servicios de carácter personal” es un importante componente de varias distintas formas de relación jurídica, entre ellas la relación laboral. Es un error teórico ceñirla exclusivamente a la relación civil.
5. La Contratación Administrativa de Servicios (CAS) es inconstitucional, oculta una relación laboral con el fin de excluir a los servidores públicos del goce del derecho a la estabilidad laboral y demás beneficios sociales. La Nueva Ley Procesal del Trabajo intenta coadyuvar a su legitimación.
6. No obstante, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, por beneficiar al trabajador, es principalmente positiva; instaura un modelo procesal laboral prioritariamente oral cuyo primordial efecto es la reducción del periodo de duración del proceso laboral.